La orden de detención europea es un procedimiento judicial simplificado de entrega a efectos de enjuiciamiento o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad. Las órdenes de detención europeas emitidas por las autoridades judiciales de cualquier país de la UE son válidas en todo el territorio de la Unión Europea.
La orden de detención europea ha sustituido a los dilatados procedimientos de extradición que solían existir entre países de la UE.
¿Cómo funciona?
Se trata de una solicitud presentada por una autoridad judicial de un país de la UE para que se detenga a una persona en otro y se la entregue para su procesamiento o para la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad dictadas en el primer país. El mecanismo se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Está operativa en todos los países de la UE.
Funciona mediante contactos directos entre las autoridades judiciales.
Al aplicarla, las autoridades han de respetar los derechos procesales de los sospechosos o acusados, como el derecho a la información, a contar con la asistencia de un abogado y de un intérprete y a asistencia jurídica gratuita, de conformidad con el Derecho interno del país en que sean detenidos.
¿En qué se diferencia de la extradición tradicional?
– Plazos estrictos. El país en que la persona ha sido detenida debe tomar una decisión definitiva sobre la ejecución de la ODE en un plazo de 60 días a partir de la fecha de detención. Si el interesado consiente en ser entregado, la decisión de entrega debe tomarse en un plazo de 10 días. La persona sobre la que pese la ODE debe ser entregada a la mayor brevedad en la fecha convenida por las autoridades implicadas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 10 días desde que se tome la decisión definitiva de ejecutar la ODE.
– Control de doble tipificación (innecesaria en 32 categorías de delitos). En 32 categorías de delitos, no se comprueba que el acto se considere delito en ambos países. El único requisito es que esté castigado con penas privativas de libertad cuyo máximo sea al menos de 3 años en el país de expedición. En otros delitos, la entrega puede hacerse depender de que el acto sea constitutivo de delito en el país que efectúa la entrega.
– Ausencia de injerencias políticas. Las decisiones han de ser adoptadas exclusivamente por las autoridades judiciales, sin influencia política alguna.
– Entrega de nacionales. Los países de la UE no pueden ya denegar la entrega de sus propios nacionales, a no ser que se hagan cargo de la ejecución de la pena de privativa de libertad contra la personas en cuestión.
– Garantías. El país que ejecute la ODE puede exigir garantías de que:
a) transcurrido un cierto plazo, la persona tendrá derecho a solicitar la revisión, si la pena impuesta es de cadena perpetua.
b) la persona buscada puede cumplir cualquier pena privativa de libertad en el país que debe ejecutar la entrega, si es un nacional o residente habitual del mismo.
Motivos de denegación limitados
Un país solo puede negarse a entregar a una persona buscada si es de aplicación uno de los motivos de denegación obligatorios u opcionales:
Motivos obligatorios
– la persona ya ha sido juzgada por el mismo delito (ne bis in idem),
– menores (la persona no ha alcanzado la edad de responsabilidad penal en el país que debía ejecutar la entrega) o
– amnistía (el país que debía ejecutar la entrega tenía competencia para perseguir el delito y se ha decretado en él una amnistía).
Motivos opcionales (no exhaustivos)
– ausencia de doble tipificación para delitos distintos de los 32 mencionados en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco relativa a la ODE,
– competencia territorial,
– proceso penal pendiente en el país que debe ejecutar la entrega o
– prescripción.
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